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La guerra del azúcar



En la actualidad, la diabetes mellitus tipo 2 es considerada oficialmente como una emergencia sanitaria en México. Según informes de varias secretarías de gobierno, “podría comprometer nuestra viabilidad como nación”. Los grandes cambios en los hábitos nutricionales de las últimas décadas y una predisposición genética de muchos mexicanos ocasionaron esta pandemia que mata a 10 veces más personas al año que la narcoviolencia.

En septiembre de 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto publicó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. La iniciativa ha logrado grandes cambios en las regulaciones e imposiciones a la industria alimentaria, y es el pilar para algunas campañas educativas en contra de la enfermedad. Pero la presión de la industria, a través del cabildeo o lobby, y según muchos, del contubernio con algunas autoridades, ha reducido la contundencia de dicha estrategia.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012, la diabetes mellitus 2 afecta al 9,2% de los adultos en México. Esto quiere decir que hay más de 11 millones de diabéticos que el sistema de salud debe atender. Sin duda, la sustentabilidad del sistema está amenazada.

A pesar de que ha habido un progreso importante en la atención a este padecimiento, con un incremento en el porcentaje de pacientes con control adecuado de 5,3% en 2006 a 24,5% en 2012, la diabetes es, desde comienzos de este siglo, la primera causa de muerte en el país, según la base de datos de la Secretaría de Salud. Una de cada siete muertes se debe a esta enfermedad y a las complicaciones que trae.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubica a México en el primer lugar entre los países miembros en la prevalencia de diabetes en la población de entre 20 y 79 años, y el sexto lugar en el mundo. El 14 % de los adultos mexicanos padecen la enfermedad, y el problema empieza a afectar a la niñez. Según la Asociación Mexicana de Diabetes, nueve de cada 10 casos se pueden atribuir al sobrepeso y a la obesidad.

Sería falso decir que el gobierno de Peña Nieto no ha abordado el problema de una manera distinta después de los seis años en blanco de su predecesor Felipe Calderón. Además de las regulaciones, otras iniciativas, como la obligación de las escuelas públicas de instalar bebederos, seguramente darán buenos resultados en unos años, así como algunas campañas educativas y otros esfuerzos para combatir el sedentarismo. El problema, sin embargo, es más grave y solo se abordó hasta que el Estado empezó a sentirse rebasado por la epidemia. “Es el Estado el que no ha cumplido con sus obligaciones. La obligación del bienestar de sus ciudadanos. El gobierno no ha generado una estrategia, sino que ha reglamentado normatividades. Debe regular con criterios de salud pública a la industria alimentaria y orientarla a que ofrezca productos saludables”, explica Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.




Este es el resumen del artículo "La guerra del azúcar" publicado en en la revista América Economía.

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