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Chávez da la extremaunción al imperio de la ley



Revista: The Economist
Tema: Negocios en Venezuela
Fecha: Mayo 15, 2004
No está claro aún si el arresto de alrededor de 90 colombianos, uniformados pero desarmados, cerca de Caracas, fue el desmantelamiento de una conspiración en contra del presidente Chávez o un espectáculo organizado por el mismo gobierno venezolano para justificar medidas represivas en contra de la oposición y de la disidencia en general. Cualquiera sea el caso, este constituye un paso más en el intento de Chávez por asegurarse el control total sobre las instituciones del Estado.

Este proceso fue potenciado la semana pasada cuando Chávez recibió una ley que le otorga el control del sistema judicial, porque le permite a la mayoría oficialista en la Asamblea, decidir quién ocupará los cargos en la Corte Suprema. Este control podrá ser utilizado para bloquear la petición de referéndum que ha sido hecha legalmente por más de tres millones de electores, pero que ha sido retrasado por la autoridad electoral, controlada por el Gobierno.

Los líderes de la oposición teme que estos recientes incidentes sean la señal y el fin de las libertades políticas en Venezuela (aquellos que firmaron la petición de referéndum están experimentando problemas para encontrar trabajo y pasaportes, por ejemplo) y el fin de sus esperanzas de deshacerse de Chávez antes de que finalice su período en el 2007. Esto podría significar la desintegración de la alianza opositora, cuya unidad está basada casi por entero en el objetivo de sacar al Presidente.

Chávez tiene aún el apoyo de cerca de un tercio de los electores venezolanos y su posibilidad de superar los problemas aumentan gracias a la buena situación económica, resultado de los elevados precios del petróleo, y a la negativa del gobierno de Bush de actuar, por el temor de que se pudiera cortar el flujo de petróleo en plena campaña presidencial.




Este es el resumen del artículo "Chávez da la extremaunción al imperio de la ley" publicado en Mayo 15, 2004 en la revista The Economist.

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