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Justicia ciega



Revista: Am茅rica Econom铆a
Tema: Legal
Fecha: Julio 2005
Autor(es): Priscilla Murphy
Jueces brasile帽os creen hacer justicia social apoyando a deudores incumplidores. Pero, en la pr谩ctica, perjudican a toda la sociedad. La promesa de mejorar la institucionalidad para hacer cumplir contratos fue fundamental para reducir el temor de los inversionistas durante la elecci贸n de Luiz In谩cio Lula da Silva como presidente en 2002. Pero la producci贸n y aprobaci贸n de normas que el gobierno viene realizando desde 2003 para mejorar la protecci贸n jur铆dica de los contratos, se han topado con la aversi贸n de parte significativa de los jueces. Un ejemplo es el de la Ley 10.931, de 2004, que permite que un bien incautado por falta de pago pueda ser vendido r谩pidamente por el banco financista cinco d铆as despu茅s de la incautaci贸n. Incluso antes que venza el plazo de 15 d铆as para que el deudor apele la sentencia.

Aunque algunos jueces ya aplican la nueva ley, otros alegan que esa prerrogativa otorgada al acreedor es inconstitucional, pues no da oportunidad de defensa al deudor. Algunos evocan el C贸digo de Defensa al Consumidor para alegar desequilibrio de fuerzas entre las partes de un contrato de financiamiento, donde el consumidor no tiene poder de negociar el acuerdo, rest谩ndole s贸lo aceptar o rechazar los t茅rminos establecidos por el agente financiero.

El efecto del desacuerdo es claro en los cr茅ditos automotores. 鈥淪贸lo un 10% a un 15% de los veh铆culos est谩n siendo beneficiados por la nueva ley鈥, dice el martillero Ronaldo Milan, de Milan Subastas, en S茫o Paulo. 鈥淟a ley fue muy bien pensada, pero, en la pr谩ctica, encuentra dificultades operacionales en la justicia鈥. El problema es que, si el banco pierde la causa, tiene que restituir al consumidor el valor del bien m谩s una multa del 50%. Y, como la decisi贸n judicial es altamente imprevisible, muchas veces los abogados recomiendan a los bancos no arriesgarse a vender el bien. 鈥淎dem谩s de eso, los bancos quedan sujetos a procesos por p茅rdidas y da帽os鈥, dice Milan.

La ra铆z del problema est谩 en que la gran mayor铆a de los jueces brasile帽os prefiere ejecutar lo que ellos llaman 鈥渏usticia social鈥 antes que hacer valer los contratos. As铆 lo concluye una encuesta realizada en 2004 durante una investigaci贸n del economista Armando Castelar Pino, del Instituto de Pesquisa Econ贸mica Aplicada (Ipea), un 贸rgano subordinado del Ministerio de Planificaci贸n. En la investigaci贸n, se les hicieron dos preguntas a jueces federales con menos de 40 a帽os y que ejerc铆an en los estados de Rio Grande do Sul, S茫o Paulo, Rio de Janeiro y Bras铆lia: 鈥溌縇os contratos deben ser siempre respetados, independientemente de sus repercusiones sociales?鈥, y 鈥淪i el juez tiene un papel social que cumplir, 驴se justifican decisiones que violen el contrato?鈥. Los resultados mostraron que un 78,8% de los jueces entrevistados afirm贸 tener un papel social que cumplir y que la b煤squeda de la justicia social justificar铆a decisiones que violen los contratos.




Este es el resumen del artículo "Justicia ciega" publicado en Julio 2005 en la revista Am茅rica Econom铆a.

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