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Un arancel aquí, un soborno allá



Revista: The Economist
Tema: Negocios en Ecuador
Fecha: Junio 28, 2003
Soldados, políticos y sacerdotes han tenido la oportunidad de sanear las aduanas de Ecuador, pero ninguno lo ha logrado. Un ejemplo es Carlos Flores, quien como gerente en la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), ayudó a importadores a evadir más de US$ 10 millones en aranceles. El cura Flores después de haber adquirido cuatro casas, tres automóviles y tener US$ 140.000, ahora es prófugo de la justicia.

El sistema de aduanas tiene tres problemas básicos: ineficiencia, evasión fiscal y corrupción. Según el SRI (El Servicio de Rentas Internas), le cuestan al gobierno de US$ 600 a 800 millones cada año.

El presidente Lucio Gutiérrez, quien asumió la presidencia en enero ha hecho algunos esfuerzos por limpiar la casa (particularmente porque era una de las condiciones para firmar el acuerdo por US$ 205 millones con el FMI). Días después de asumir el mando, ordenó a la Armada tomar el control de las aduanas en Guayaquil y luego envió una propuesta de reforma del sistema al Congreso. El SRI había incrementado la recaudación de impuestos en 42% entre 2000 y 2001, por lo que se pensó podría hacer lo mismo en el sistema de aduanas.

El FMI indicó que la administración de este servicio debía ser cambiado de Guayaquil a Quito, pero los políticos de la costa se quejaron y el Congreso vetó la transferencia. No obstante los legisladores permitieron a Mena convertirse en presidente de la directiva del servicio de aduanas. Este, así como todos los esfuerzos encaminados a sincronizar la información entre el servicio de impuestos y las aduanas, es un pequeño paso en la dirección correcta. Sanear las aduanas sería la mejor prueba de la guerra que Gutiérrez le ha declarado a la corrupción y a la burocracia. Pero los oficiales corruptos, los importadores y los vendedores de mercancía de contrabando no se eliminarán en una sola pelea. Se requieren acciones más fuertes para una reforma completa del sistema.




Este es el resumen del artículo "Un arancel aquí, un soborno allá" publicado en Junio 28, 2003 en la revista The Economist.

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