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El socialismo Venezolano: como destruir una industria



Revista: The Economist
Tema: Negocios en Venezuela
Fecha: Junio 12, 2010
Hay algo podrido en el estado de Venezuela: más de 2.300 contenedores de carga (una cifra que va en aumento) con alimentos descompuestos, importados por el gobierno el año pasado y jamás distribuidos. El escándalo es particularmente vergonzoso para el presidente Hugo Chávez, debido a que éste llega en medio de una escasez de alimentos básicos en las cadenas de distribución dirigidas por el estado. Pero en vez de reconsiderar sus políticas estatizadas de alimentación y del agro, el presidente le ha declarado al sector privado una “guerra económicaâ€.

Los cargamentos salieron a la luz cuando en el mes de mayo agentes de inteligencia estatal se encontraban investigando un robo de leche en polvo. El gobierno admite que 30.000 toneladas de alimentos se están descomponiendo de por sí en el puerto de Puerto Cabello. Los medios de comunicación opositores colocaron el total hasta ahora en 75.000 toneladas, o alrededor de un quinto de lo que PDVAL, la compañía estatal responsable, importó en 2009. El anterior presidente de la compañía, Luis Pulido, ha sido puesto bajo arresto por corrupción y hasta 20 otros funcionarios pueden sufrir la misma suerte.

PDVAL es una subsidiaria de Petróleos de Venezuela, la gran compañía petrolera del estado. Fue creada en 2008, dado a un mal reconocimiento en que otra compañía estatal de alimentos, Mercal, no cumplía con su deber. El grandioso objetivo de PDVAL es el de lograr una “completa soberanía alimentaria†y el de erradicar lo que el Sr. Chávez afirma que el sector privado se encuentra “acaparando y contrabandeandoâ€. Desde el año 2003, el gobierno ha impuesto un control de precios sobre muchos productos alimenticios. Ese año, el gobierno superó una huelga liderada por empresas la cual casi paraliza la economía. El sector privado se ha enfrentado a un constante acoso desde entonces.

Los artículos de primera necesidad están más escasos en las tiendas de Mercal y PDVAL que en supermercados privados, de acuerdo a una encuesta de Datanálisis, una empresa encuestadora. Pero el gobierno se encuentra acelerando las expropiaciones de fincas, productores de alimentos y distribuidoras, en un intento por lograr lo que éste llama “hegemonía†estatal sobre las reservas de alimentos. A comienzos de junio, el gobierno anunciaba la toma de otras 18 empresas acusadas de violar las reglas.

Toda la atención se encuentra ahora centrada en Empresas Polar, un gigante de propiedad familiar que es la compañía más grande de alimentos y bebidas en Venezuela. Polar, la cual afirma generar casi el 3% del PIB no petrolero de la nación y que tiene 19.000 empleados, se queja de ser acosada. Ésta dice que sus plantas y oficinas fueron visitadas 220 veces por inspectores del gobierno en los primeros cinco meses de este año. A finales de mayo, el gobierno confiscó 114 toneladas de alimentos de un almacén de Polar, alegando acaparamiento (el cual es negado por la compañía).

El Sr. Chávez ha amenazado con frecuencia a Lorenzo Mendoza, el presidente multimillonario de Polar, con la expropiación. Pero así como lo demuestra la comida descompuesta, su gobierno es mejor en destruir el orden existente que en crear una alternativa viable. Un 70% de los alimentos de Venezuela es ahora importado, lo que genera grandes oportunidades para sobornos. La mayoría de las fincas que el presidente ha expropiado sufren de nóminas infladas, productividad decadente y una ineficiencia descontrolada. Sus amenazas en contra de Polar son rechazadas por una fuerza laboral bien remunerada y leal. La compañía representa uno de los más grandes obstáculos que permanecen para la instauración de un comunismo estilo cubano en Venezuela. Pero al apoderarse de ella ahora eso le podría hacer perder al Sr. Chávez las próximas elecciones legislativas en el mes de septiembre. Como dicen los venezolanos, “amor con hambre, no duraâ€.




Este es el resumen del artículo "El socialismo Venezolano: como destruir una industria" publicado en Junio 12, 2010 en la revista The Economist.

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